Posteado por: josejuanmorcillo | noviembre 8, 2017

Gerona, Orense

Los topónimos, siempre que sea posible, hay que adaptarlos a la lengua que se esté empleando: Catar, Nueva York, Múnich, Lérida, Orense, Gerona o La Coruña son algunos ejemplos de los usados normativamente en español. Cuando se acude a otra lengua para emplear un topónimo, la incoherencia lingüística es evidente: «El pasado fin de semana visité London» resulta tan agramatical como el siguiente ejemplo: «Las playas de A Coruña son galardonadas un año más con la Bandera Azul».

Sin embargo, y aunque nos parezca difícil de creer, hay dos leyes que obligan, insisto, obligan a los hablantes a usar en español los topónimos Ourense, A Coruña, Lleida y Girona en lugar de sus correspondientes Orense, La Coruña, Lérida y Gerona. En la Ley 2/1992 de 28 de febrero, publicada en el BOE el 29 de febrero de 1992, «por la que pasan a denominarse oficialmente Girona y Lleida las provincias de Gerona y Lérida», en su Disposición Adicional Primera, se especifica: «En los libros de texto y material didáctico y en otros usos no oficiales, cuando la lengua que se utilice sea el castellano, el topónimo correspondiente podrá designarse en esta lengua». Era entonces Felipe González el Presidente del Gobierno. Seis años más tarde, durante la legislatura de José María Aznar, se publicó en el BOE la Ley 2/1998, de 3 de marzo, «sobre el cambio de denominación de las provincias de La Coruña y Orense», por la que se obligaba a todos los españoles a usar en español y en cualquier contexto lingüístico A Coruña y Ourense. En esta última ley no existe disposición alguna para que en material didáctico, textos u otros contextos no oficiales puedan emplearse los topónimos en español; es decir: se prohibieron legislativamente La Coruña y Orense.

Es de sentido común y de lógica lingüística que tanto una ley como la otra deberían ser derogadas; el topónimo correcto es aquel que corresponde a la lengua que se usa. Las decisiones políticas han de ser políticas, no lingüísticas, y dejemos, por tanto, la normativa idiomática en manos de los gramáticos, que son quienes garantizan el buen uso de nuestra lengua.

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